Fecha de publicación: 5 de Junio de 2025 a las 08:41:00 hs

Medio: INFOBAE

Categoría: GENERAL

Venezuela y la crisis de trasplantes: ocho años de espera y un sistema de salud que se desmorona ante la indiferencia estatal

Descripción: Miles de pacientes enfrentan obstáculos insalvables mientras hospitales públicos se deterioran y la esperanza de un trasplante se desvanece entre carencias y abandono

Contenido: La muerte en Venezuela ya no es una tragedia inevitable. Es, cada vez más, una sentencia anunciada por un Estado que dejó de escuchar. Esta semana se cumplieron ocho años exactos desde la suspensión del Sistema de Procura de Órganos y Tejidos para trasplante (SPOT), una red nacional que, hasta 2017, permitía a pacientes con fallos renales, hepáticos o cardíacos acceder a un trasplante gracias a la donación post mortem. Desde entonces, lo que queda es el eco de un sistema de salud en ruinas y la lucha solitaria de miles de venezolanos desahuciados por la inercia estatal.

En uno de los quirófanos de un histórico hospital de Caracas, donde alguna vez se realizaron trasplantes renales pioneros en la región andina, hay ahora cajas vacías de medicamentos acumuladas en las esquinas, una lámpara quirúrgica rota y techos agrietados que dejan filtrar el calor.

“Aquí ya no se salva a nadie”, murmura un enfermero en voz baja. Y no todos los hospitales públicos están igual: algunos operan a media máquina, otros se han convertido en laberintos sin agua, sin rayos X, sin suturas.

Las historias de quienes esperan un órgano se acumulan como expedientes olvidados. Una de ellas es la de Juliana Mena, de 36 años, madre de dos hijos y paciente renal crónica desde hace seis.

“Al principio me decían que tuviera fe, que pronto reactivaban el sistema”, cuenta desde Maracaibo, donde asiste tres veces por semana a una unidad de diálisis con máquinas defectuosas. “Después dejaron de decirme algo. Solo conectan la aguja y ya”.

Juliana forma parte de un universo de aproximadamente 7.000 personas en diálisis en Venezuela, de las cuales cerca del 40% podría recibir un trasplante si existiera el sistema de donantes fallecidos. Pero el SPOT fue cancelado en junio de 2017 sin mayor explicación ni reemplazo funcional. Desde entonces, solo quienes consiguen un donante vivo compatible y pueden pagar una intervención en el exterior tienen alguna posibilidad. Dentro del país, la opción privada existe, pero es prohibitiva: una cirugía renal puede costar entre 30.000 y 50.000 dólares, en una nación donde el salario mínimo no supera los 5 dólares al mes. La vida se compra con divisas. Y no todos tienen.

El cierre del sistema de procura fue la confirmación de un proceso largo de desmantelamiento. En los años anteriores, las unidades de trasplante fueron quedando sin inmunosupresores, sin salas adecuadas, sin equipos. El Ministerio de Salud nunca respondió a los reclamos de médicos y pacientes. Para muchos, se trató simplemente de otra víctima del modelo chavista de desgobierno y populismo asistencialista, que convirtió a muchos centros de salud en espacios de abandono.

“Una vez me negaron una transfusión porque no había guantes”, relata José Ricardo, hermano de un paciente hepático. “Al final, lo llevamos a Cúcuta, pero ya era tarde”.

En algunos hospitales, los baños no tienen puertas y los ascensores no funcionan. En otros, las ambulancias son utilizadas como almacenes. En ciertos servicios de emergencia, el olor punzante que domina los pasillos es mezcla de desinfectante diluido, paredes húmedas y desesperación. Cada visita al hospital es una travesía absurda: hay que llevar vendas, jeringas, sueros, gasas, comida, y a veces hasta linternas si se va de noche.

Médicos hacen turnos interminables con salarios miserables y bajo amenaza: los registros de organizaciones como Médicos Unidos de Venezuela dan cuenta de agresiones físicas, detenciones arbitrarias y campañas de hostigamiento contra profesionales que se atreven a denunciar.

Y mientras tanto, el poder. Nicolás Maduro, reelegido en unos comicios fraudulentos el 28 de julio de 2024, continúa aferrado a Miraflores. El candidato opositor Edmundo González Urrutia, quien logró movilizar a buena parte del país con su discurso de transición democrática, fue forzado al exilio apenas un mes después y es reconocido hoy como presidente legítimo por más de cuarenta países. La líder del antichavismo, María Corina Machado, en la clandestinidad, perseguida.

En Venezuela, la crisis de gobernabilidad se profundiza mientras la economía se asfixia bajo inflación crónica, dolarización informal y colapso de servicios.

La salud pública es el escenario donde todo este drama toma forma concreta.

La Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela (ONTV) emitió esta semana un comunicado recordando los ocho años sin procura y exigiendo la reactivación urgente del programa. Junto a ella, asociaciones de pacientes, médicos y defensores de derechos humanos han reiterado que el trasplante no solo es una opción más digna y efectiva, sino también más económica que mantener indefinidamente a un paciente en diálisis. Pero el régimen guarda silencio. Como si no se tratara de personas, sino de números.

“Mi hija me preguntó si me voy a morir”, dice Juliana. “Le dije que no. Pero no sé si es verdad”.

Detrás de cada paciente hay una historia como la suya. Vidas en pausa, atrapadas en un país donde el Estado dejó de cumplir sus funciones básicas, donde las promesas sociales del chavismo terminaron convertidas en ruinas. Como el SPOT, como los hospitales, como la esperanza.

El filósofo francés Michel Foucault decía que el poder también se ejerce sobre los cuerpos, en la capacidad o no de mantenerlos con vida. En Venezuela, el Estado ha elegido dejar morir.

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