Fecha de publicación: 12 de Diciembre de 2025 a las 08:49:00 hs

Medio: INFOBAE

Categoría: GENERAL

La Fiscalía pide tres meses de detención preventiva para el ex presidente Luis Arce

Descripción: El último jefe de Estado boliviano está acusado de haber autorizado transferencias a cuentas personales en un programa de financiamiento para proyectos de desarrollo campesino. Su audiencia está prevista a las 13:00 (hora local)

Contenido: El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia, Romer Saucedo Gómez, informó que el expresidente Luis Arce será puesto ante un juez a las 13:00 de este viernes, en el marco de las investigaciones por presunta corrupción en el manejo de un fondo económico destinado a proyectos en comunidades indígenas y campesinas.

“De aquí para adelante, será el juez que ejerce el control jurisdiccional, quien se manifieste en base a los argumentos y a los elementos de convicción que se han puesto a su consideración”, expresó Saucedo en conferencia de prensa el jueves.

El exmandatario está acusado por los delitos de enriquecimiento ilícito, resoluciones contrarias a la ley, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y conducta antieconómica. Fue aprehendido el miércoles en La Paz y trasladado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) donde espera la audiencia cautelar que definirá su situación jurídica.

La Fiscalía General del Estado ha pedido tres meses de detención preventiva por la presunta malversación de fondos que habrían sido transferidos a cuentas personales para proyectos que nunca se ejecutaron o quedaron inconclusos entre 2009 y 2015, cuando Arce encabezaba el Ministerio de Economía y era parte del Directorio del Fondo. El ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, calculó en cerca de 52 millones de dólares el daño económico provocado al Estado por el mal manejo de los recursos originalmente destinados a promover el desarrollo campesino.

El presidente del TSJ aclaró ante los medios locales que el expresidente fue imputado en su condición de exministro de Economía y que la investigación se centra exclusivamente en el periodo en el que ejerció ese cargo. En ese sentido, recalcó que Arce “no goza en este proceso de un juicio de responsabilidades, sino que corresponde a un proceso ordinario”.

La principal colaboradora de Arce, la exministra de la Presidencia María Nela Prada, calificó como un “secuestro ilegal” su detención y aseguró que el exmandatario presentó todos los descargos relacionados a la investigación durante una interpelación legislativa realizada cuando era ministro.

“Él se encuentra bien, está con buen semblante, firme y convencido de que no tiene el grado de responsabilidad por el cual se lo está sindicando. Mañana vamos a presentar las pruebas”, indicó ayer Prada.

Mientras se define su situación jurídica, varios diputados de diferentes fuerzas políticas han pedido enjuiciar al expresidente Evo Morales (2006-2019) bajo cuyo mandato se ejecutó el Fondo Indígena y se destaparon las irregularidades.

El fiscal asignado al caso, Miguel Cardozo, señaló que no se descarta citar a Morales para prestar su declaración en calidad de testigo y reveló que actualmente hay siete personas implicadas y cinco órdenes de aprehensión pendientes de cumplimiento.

Previo a la detención de Arce, la Policía aprehendió a Lidia Patty, una exdiputada leal a Morales que habría recibido dinero del Fondo Indígena en su cuenta personal para el desarrollo de un proyecto agrícola.

Si bien Morales no se ha manifestado sobre la situación de Arce, con quien en los últimos años se enfrentó abiertamente por el control del Movimiento Al Socialismo (MAS), defendió a la exdiputada y dijo que su enjuiciamiento constituye un abuso y un acto de “revanchismo”.

La detención de Luis Arce y la reactivación de las investigaciones sobre el Fondo Indígena han sido interpretadas por el Gobierno de Rodrigo Paz como parte de una política de lucha contra la corrupción en altos niveles del Estado, mientras que aliados y sectores afines al MAS han denunciado motivaciones políticas y cuestionan el procedimiento, en medio de una Bolivia polarizada y en proceso de transición política y de reconfiguración de las fuerzas.

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