Fecha de publicación: 7 de Agosto de 2025 a las 09:39:00 hs
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Medio: INFOBAE
Categoría: GENERAL
El Interamerican Institute for Democracy presentó el foro “Bolivia: Bicentenario, República y Elecciones”
Descripción: Catorce expertos ofrecieron una radiografía del país desde diferentes ángulos, en una jornada atravesada por la denuncia y la voluntad de renovación
Contenido: “Celebrar este Bicentenario no es solo un acto simbólico, sino una oportunidad para reflexionar sobre nuestra historia, evaluar el presente y definir un futuro verdaderamente democrático y más justo”, declaró Eduardo Gamarra, profesor titular en ciencias políticas de la Universidad Internacional de Florida, durante el foro “Bolivia: Bicentenario, República y Elecciones”, organizado por el Interamerican Institute for Democracy este miércoles.
El evento, moderado por Francisco Endara, reunió a 14 expositores que ofrecieron una radiografía nacional desde diferentes ángulos, en una jornada atravesada por la autocrítica, la denuncia y la voluntad de renovación.
Durante la apertura, Marcos Antonio Ramos, miembro de la Real Academia Española de la Lengua y director del instituto, evocó su vínculo con la historia boliviana e hizo énfasis en la persistencia de la lucha democrática en Bolivia y la influencia nociva de actores externos como Cuba. “La lucha que están llevando a cabo los bolivianos por la democracia es admirable. Sabemos todas las limitaciones de ese tipo de gobierno que se ha ido estableciendo, que parece que no es una dictadura, pero lo es de cierta manera por la ausencia de una verdadera democracia”, reflexionó.
Tras este marco, los expositores desgranaron los desafíos históricos y actuales de Bolivia. Gamarra desarrolló un recorrido por los principales hitos de la vida republicana, desde las dificultades iniciales de cohesión, la pérdida territorial en la Guerra del Pacífico, la Revolución Nacional de 1952 y la recuperación de la democracia en 1982. Remarcó los retrocesos institucionales de las últimas décadas: “Uno de los grandes problemas recurrentes ha sido que en cada momento clave reproducimos esa trayectoria del patrimonialismo que tiene el país. Hoy, para mí, el gran desafío es superar el patrimonialismo, ese modelo político en que las decisiones no responden a las leyes impersonales, sino a la lealtad a un líder, a un partido o a una élite que gobierna usando los recursos públicos para beneficios privados”.
En la misma línea de preocupación democrática, Norma Piérola, abogada y ex diputada, denunció la instauración del Estado Plurinacional. “Lo cierto es que estamos viviendo en una dictadura en la que lamentablemente estamos acudiendo a la consolidación de un secuestro de nuestra República”, declaró.
Piérola señaló el presunto carácter inconstitucional de los procesos reformistas, “creados expresamente por el Movimiento al Socialismo, que no es precisamente un partido político, sino un movimiento de crimen organizado transnacional que está consolidando el retorno de cualquiera de ellos para gozar justamente de la impunidad”.
El presidente del Colegio de Politólogos de Santa Cruz, Sergio Vega, disertó sobre el sistema político y la búsqueda de una identidad nacional. “Una de las tareas pendientes es generar una identidad nacional. En vez de promover las cosas que nos hacen diferentes, tenemos que lograr un sentimiento de la bolivianidad y no extender estas tensiones regionales que existen entre bolivianos”.
Vega advirtió sobre los efectos fragmentadores del enfoque multiétnico y pluricultural, señalando que “ha sido promovido para lograr fines particulares y no siempre nacionales”.
El diagnóstico crítico fue profundizado por Fernando Untoja, ex diputado y docente, quien definió al país como “un Estado fallido”. Para Untoja, “Bolivia, a pesar de los 200 años, es un Estado fallido. Nace con una Constitución incoherente que representa solo a una parte de la sociedad y no a la totalidad”.
El ex parlamentario enumeró cómo las divisiones internas e históricas, la falta de reglas de juego claras y la persistencia de “una Constitución incoherente” impidieron el desarrollo y la integración nacional.
Gisela Derpic, académica y experta en derecho constitucional, abordó el colapso del estado de Derecho: “En Bolivia no existe un estado de Derecho, ha sido reemplazado por una estructura que aplica violencia institucionalizada y el derecho ha sido reemplazado por un conjunto de órdenes arbitrarias que emite el poder bajo la forma de leyes”.
Derpic reivindicó la necesidad de renovar “la lucha para reponer el Estado de Derecho con democracia plena” y la importancia de mantener la convicción y la resistencia ciudadana pese a las adversidades.
En la esfera económica, Hugo Balderrama, doctor en Economía y columnista, advirtió sobre los efectos del mal manejo de los recursos estatales: “Lastimosamente para nosotros los bolivianos nos toca celebrarlo en medio de una crisis económica, en medio de una crisis política y en medio de una crisis social”.
Balderrama recordó que de los 47.000 millones de dólares generados por la exportación de gas, “una gran parte terminó en el derroche, muchas de esas obras hoy están abandonadas”, y responsabilizó a la gestión gubernamental por el endeudamiento externo y la pérdida de reservas internacionales.
El papel de las Fuerzas Armadas fue abordado por el vicealmirante Ismael Schabib. Según el militar en retiro, la institución “tuvo una conducta intachable tras la recuperación de la democracia en 1982, pero el país se volvió inestable y la gente estaba y está temerosa”.
Schabib sostuvo que “la unidad nacional se ha debilitado al inventarse el gobierno 36 nacionalidades, eso no fue producto del sano deseo de reivindicar al indígena, sino de dividir para reinar”; y criticó la politización y persecución interna: “El gobierno se inventó un juicio y metió a la cárcel a los militares que habían sido componentes del alto mando militar en el gobierno de Sánchez de Lozada como medida para intimidar a los militares, se los sometió a la mayor humillación”.
La libertad de prensa y la persecución fueron señaladas por el periodista Emilio Martínez, quien afirmó que “la degradación y destrucción de la democracia boliviana ha afectado gravemente a la libertad de prensa y de expresión en el país”.
Martínez detalló ataques a medios, “cercos a grandes medios bajo instrucciones públicas de Evo Morales”, la utilización asimétrica y subjetiva de la publicidad estatal y la represión policial: “Otra constante ha sido la represión policial a periodistas durante la cobertura a manifestaciones políticas y no hay hasta ahora una sanción judicial efectiva y contundente contra estos secuestradores”.
Desde la experiencia empresarial, Humberto Roca, ex propietario de AeroSur y hoy exiliado, sostuvo que la Bolivia de los 200 años “no sirvió para nada. Peor con estos últimos 20 años, que han sido la caricatura más terrible que se pueda hacer de un país. Nunca hubo en Bolivia una política empresarial. Siempre hubo el elemento de que tenía que acercarse al Estado para poder progresar y eso definitivamente ha sido negativo y será negativo”. Además, reclamó reglas claras, seguridad jurídica y estabilidad normativa.
Por su parte, la activista de derechos humanos Eva Sara Landau enfatizó el drama de los presos y exiliados políticos: “Hoy celebramos 200 años bajo una dictadura autoritaria, criminal, cínica, una dictadura que ha convertido la persecución política en política de Estado. Actualmente hay un registro de 326 presos políticos en Bolivia. Desde el golpe institucional de 2003 las solicitudes de asilo de ciudadanos bolivianos han aumentado”. Remarcó también la destrucción del sistema de justicia y la manipulación electoral desde el poder.
A nivel macroeconómico, Antonio Saravia, director del Centro para Estudio de Economía y Libertad en Mercer University, constató: “Bolivia ha sido casi siempre el país más pobre de la región y lejos de acortar distancias, esto se acentúa con el tiempo”.
Saravia rememoró épocas en que el país destacaba por el liberalismo económico y subrayó el derrumbe de los indicadores desde 2005: “Los últimos 20 años han sido un claro ejemplo de vocación autodestructiva. El futuro de Bolivia y sus próximos 200 años dependen de cómo libremos una guerra en muchos frentes, una lucha entre quienes creemos en la dignidad del individuo y quienes quieren imponer un Estado plurinacional y su paradigma socialista”.
La denuncia sobre el sistema electoral llegó de la mano de Jaime Dunn, empresario y ex candidato presidencial. Resumió la situación: “Mi inhabilitación no fue una decisión legal, señores. Fue una maniobra política, una chicana disfrazada de procedimiento administrativo ejecutada por ese sistema que no tolera a quienes piensan diferente”. Dunn denunció persecución, bloqueos administrativos y manipulación de certificados para impedir su participación: “Lo que buscaban era inhabilitar una idea de libertad y una idea de cambio total y absoluto”.
Sobre el fenómeno del narcotráfico, Guido Añez, ex gobernador de Santa Cruz, sostuvo: “La elección de Evo Morales fue el punto de inflexión en que la coca empezó a ser parte institucionalizada de un narcoestado [...] institucionalizaron la hoja de coca, la declararon sagrada en la Constitución Política del Estado”. Añez criticó la Ley 906, “que permitió subir a 22.000 hectáreas legales de coca, generando conflictos, impunidad y la expansión de la criminalidad transnacional”.
Dante Pino, ex ministro y economista, trazó una genealogía de la crisis boliviana: “Bolivia ha transitado una historia marcada por constantes crisis sociales y económicas que, más que interrupciones, han constituido el hilo conductor de su devenir histórico”. Pino describió una nación forjada en la crisis, sin diversificación económica real y con una estructura de dependencia y conflicto contenida apenas por reformas temporales.
Las conclusiones del foro estuvieron a cargo de Carlos Sánchez Berzaín, ex ministro y politólogo, quien sintetizó el diagnóstico colectivo: “Bolivia, Bicentenario, República y Elecciones. Si algo queda claro de las extraordinarias presentaciones de los oradores invitados es la diversidad de Bolivia. Una diversidad étnica, regional, generacional, de opiniones... Pero también queda clara la crisis estructural y la urgencia de unidad existencial para recuperar la democracia y la República”.
Sánchez Berzaín subrayó el sometimiento a factores transnacionales, la crisis política, social y económica, la urgencia de memoria y justicia, y la importancia de “un proceso de unidad existencial para recuperar la democracia y para recuperar la República”.
El foro concluyó con el llamado a la acción de una sociedad plural, comprometida y decidida a romper el ciclo de crisis y dependencia, en busca de una renovación republicana, institucional y democrática para el futuro de Bolivia.
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