Fecha de publicación: 7 de Agosto de 2025 a las 08:15:00 hs

Medio: INFOBAE

Categoría: GENERAL

Crisis en Brasil: entre los aranceles y la tensión por el juicio a Jair Bolsonaro

Descripción: El gravamen del 50% anunciado por Donald Trump, la ocupación del Congreso durante 30 horas y las divisiones en el Supremo Tribunal de Justicia por el proceso al ex mandatario alimentan un panorama muy complicado

Contenido: La decisión monocrática del juez del Tribunal Supremo Federal (STF) Alexandre de Moraes, que el lunes pasado decretó el arresto domiciliario para el expresidente Jair Bolsonaro, llegó en una semana crucial para Brasil, ahora dividido entre el caso Bolsonaro y los aranceles estadounidenses del 50% impuestos por la administración Trump, que entraron en vigor ayer mismo. La primera noticia parece alimentar a la segunda y viceversa, en una escalada que culminó en fuertes tensiones en el Congreso y en la que los que pagan los platos rotos son los brasileños y la economía, que teme la gran crisis que se avecina. Según el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio (MDIC), alrededor del 35,9% de las exportaciones brasileñas a Estados Unidos se verán afectadas por los aranceles. Más de 146.000 puestos de trabajo están en peligro, según reporta un estudio de la Federación de Industrias del Estado de Minas Gerais. A esto se suma la amenaza reiterada en las últimas horas por parte de la administración Trump de imponer nuevos aranceles a los países que comercian con Rusia. Ayer fue la India la primera en pagar las consecuencias, con un aumento del 25% que se suma al 25% ya en vigor. El siguiente en la lista podría ser Brasil. La mitad del petróleo importado por el gigante latinoamericano procede, de hecho, de Rusia. Por no hablar de los fertilizantes, sin los cuales todo el sistema agropecuario corre el riesgo de tener graves problemas.

Ante la gravedad de esta situación, Lula confirmó ayer que no quiere llamar a su homólogo estadounidense para negociar. “El día que mi intuición me diga que Trump está dispuesto a hablar, no dudaré en llamarlo, pero hoy mi intuición me dice que no quiere hablar. Y no voy a humillarme”, dijo en una entrevista con Reuters. También añadió que quiere discutir los aranceles con los demás países del bloque BRICS para decidir posibles represalias. “El presidente Trump se opone categórica y públicamente al multilateralismo. Prefiere el unilateralismo. Prefiere negociar país por país, en lugar de a través de la Organización Mundial del Comercio (OMC)”, agregó Lula. Ayer mismo, Brasil presentó formalmente una denuncia ante la OMC para iniciar un procedimiento sobre los aranceles, aunque el propio Gobierno brasileño considera que las posibilidades de éxito son escasas. Por último, Lula arremetió contra las grandes tecnológicas. “Si no quieren una regulación, que se vayan de Brasil”, dijo. En su larga entrevista con Reuters, el presidente brasileño acusó a Bolsonaro de ser responsable de esta crisis arancelaria y añadió que debería ser acusado de instigar a Estados Unidos contra Brasil. “Creo que debería ser juzgado por otros motivos, porque lo que está haciendo ahora es poner a Estados Unidos contra Brasil, perjudicando a la economía brasileña y a los trabajadores brasileños. Y su hijo Eduardo debería ser juzgado de nuevo y condenado como traidor a la patria. Porque no hay precedentes en la historia de un presidente y su hijo que pongan al presidente de Estados Unidos en contra de Brasil”.

Pero el arresto domiciliario de Bolsonaro, más que polarizar a la población preocupada por la vida real y la economía, está dividiendo sobre todo a las instituciones e incluso al STF. La motivación del juez Moraes para decretar la prisión, recordemos, es que el expresidente violó las medidas cautelares a las que estaba sometido desde el pasado 18 de julio, que incluían el uso de una pulsera electrónica y la prohibición de utilizar las redes sociales. La acusación es que el domingo pasado su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, puso a su padre en el altavoz durante una manifestación en su apoyo en Río de Janeiro, retransmitida en directo en las redes sociales. Para el juez, se trató de un intento de incitar a sus seguidores a obstaculizar la justicia. Los abogados de Bolsonaro ya han presentado un recurso. El lunes, Moraes impuso al expresidente que solo puede recibir visitas de sus hijos con la autorización del STF, si bien ayer volvió atrás decretando que la autorización no es necesaria. “Es un capítulo más en la triste historia de Brasil. Estamos oficialmente en una dictadura en la que una sola persona decreta el arresto de un expresidente de la república”, comentó en caliente su hijo Flavio, mientras que Paulo Pimenta, exministro de Comunicaciones Sociales del Gobierno de Lula, declaró inmediatamente después de la noticia del arresto domiciliario que “Bolsonaro no está por encima de la ley” y que “todos los que hayan cometido delitos contra la democracia correrán la misma suerte”.

Pasadas las horas, la tensión no ha disminuido, sino que se ha intensificado en el Congreso, que reanudó sus actividades el lunes tras el receso por vacaciones. A pesar de una agenda repleta de debates importantes para Brasil, desde la economía hasta el medioambiente, la principal institución democrática del país ha sido paralizada durante 30 horas desde el martes porque decenas de parlamentarios del Partido Liberal (PL) de Bolsonaro la ocuparon día y noche, impidiendo su funcionamiento. En las últimas horas se sumaron también parlamentarios de los partidos de la coalición gubernamental, Unión Brasil y los progresistas. El movimiento de protesta ya ha sido rebautizado como “Occupy Congreso”, siguiendo la estela del “Occupy Wall Street”, que en 2011 se manifestó pacíficamente en Nueva York contra los abusos del capitalismo financiero.

Los parlamentarios pidieron, por primera vez en la historia de Brasil, la destitución de un juez del STF, concretamente Alexandre de Moraes, y que se vote lo antes posible el texto de la ley de amnistía. Bloqueado en la Cámara de Diputados desde el año pasado, beneficia a quienes participaron en las protestas del 8 de enero y abriría las puertas a una ampliación del indulto a Bolsonaro, permitiéndole recuperar su elegibilidad, ya que actualmente es inelegible hasta 2030, y presentarse a las elecciones del próximo año. “Nos han tenido en vilo durante los primeros cinco meses de 2025 los presidentes de la Cámara y del Senado; hemos llegado al límite. Necesitamos una solución para pacificar Brasil y restablecer las prerrogativas del Congreso, y para ello necesitamos a los presidentes Motta y Alcolumbre”, declaró el líder del PL, Sóstenes Cavalcante. El presidente del Senado, Davi Alcolumbre, del partido Unión Brasil, respondió diciendo que no cederá al chantaje. “No aceptaré chantajes. No aceptaré amenazas y el Senado reanudará sus actividades. No renunciaré a mis prerrogativas”, declaró. El presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, del partido Republicanos, al final, después de largas y acaloradas negociaciones, aceptó fijar un plazo en la agenda del Congreso para la presentación de la solicitud urgente del proyecto de ley.

Algunos miembros del PL también han propuesto directamente a algunos jueces del STF una especie de paquete político, apodado “de la paz”, que incluye el indulto a los condenados por los ataques a los edificios institucionales de Brasilia del 8 de enero de 2023 y una transformación del “foro privilegiado”, es decir, el “tribunal privilegiado” del que gozan los políticos y los funcionarios públicos en Brasil. La propuesta prevé que los procesos contra autoridades como Bolsonaro no se inicien en el STF, sino que pasen primero por los Tribunales Regionales Federales y el Tribunal Supremo de Justicia. Según informa la prensa brasileña, el proyecto no ha sido tenido en cuenta. Sin embargo, incluso el STF se ha dividido sobre la decisión de Moraes. Según informa Mônica Bergamo en el diario Folha de Sao Paulo, varios jueces del STF se han mostrado irritados al considerar que “la decisión ha sido exagerada, innecesaria e insostenible desde el punto de vista jurídico”, ya que tiene como efecto fragilizar aún más la imagen del Tribunal, ya debilitada por los ataques de Trump.

En el debate también intervino la organización no gubernamental Transparencia Internacional, que expresó su preocupación por el arresto domiciliario de Bolsonaro, considerando que la medida se apoya en “fundamentos jurídicos frágiles” y es un posible intento de silenciamiento político, “incompatible con el Estado de derecho”. La ONG, que en el pasado denunció en varias ocasiones casos de corrupción y blanqueo, así como el desmantelamiento de los mecanismos anticorrupción durante el Gobierno de Bolsonaro, reiteró su apoyo al proceso contra el expresidente, siempre que se respeten las garantías constitucionales. “Estos tiempos requieren autocontrol institucional y un compromiso con la normalidad democrática”, se lee en el comunicado de Transparencia Internacional, que también alerta sobre la legitimidad del STF. “La persistencia de medidas excepcionales, junto con decisiones que favorecen la impunidad en esquemas de corrupción a gran escala y conductas éticamente cuestionables por parte de los jueces, debilita la legitimidad pública del Tribunal”, reza el texto.

En cuanto a los ciudadanos, la última encuesta publicada ayer por Datafolha revela que el 48% no confía en Bolsonaro y el 44% en Lula. Como escribe el diario Estado de São Paulo en un editorial, los brasileños están cansados de la tensión actual, que corre el riesgo de aumentar en los próximos meses de cara a las elecciones presidenciales de 2026. “Hay que detener la marcha de la insensatez. Ni el golpismo bolsonarista ni los abusos judiciales del STF pueden normalizarse. Brasil necesita la serenidad de sus autoridades en este grave momento para salir del ciclo de radicalización”, escribe O Estado de São Paulo.

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