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Fecha de publicación: 26 de Julio de 2025 a las 08:03:00 hs

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Medio: INFOBAE

Categoría: GENERAL

Un informe revela el apoyo del dictador Maduro al ELN y sus vínculos con los terroristas de Hezbollah en la frontera colombo-venezolana

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Descripción: Organismos de inteligencia advierten sobre la consolidación de rutas ilícitas y zonas seguras para el ELN, con respaldo de militares venezolanos y financiamiento extranjero, lo que agrava la crisis de seguridad en Colombia

Contenido: La consolidación de zonas campamentarias y rutas de operaciones en el estado venezolano de Apure ha facilitado ataques organizados, incluyendo el uso de explosivos y francotiradores, contra la fuerza pública de Colombia.

De acuerdo con un informe confidencial citado por el medio Semana, estos hechos no solo reflejan una mayor coordinación criminal, sino que responden a un apoyo “descarado y frentero” del régimen de Nicolás Maduro al ELN.

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El informe, entregado a las Fuerzas Militares de Colombia por organismos de inteligencia de Medio Oriente, describe un entramado en el que participan el cartel de los Soles, integrado por altos mandos militares venezolanos, y la organización Hezbolá.

Según detalló el medio mencionado, el frente de Guerra Oriental del ELN se ha convertido en una estructura criminal cada vez más eficiente, favorecida por la protección de autoridades y militares venezolanos.

En el informe se asegura que existen zonas de entrenamiento en Venezuela, donde los nuevos reclutas del ELN reciben formación militar antes de participar en operaciones ilícitas dentro de Colombia. La organización, según este documento, habría recibido ayuda para establecer “pequeñas repúblicas independientes” en suelo colombiano, valiéndose del territorio venezolano como refugio y base logística.

La influencia del régimen venezolano resulta clave, se indica en el análisis conocido por Semana, para comprender la dinámica del conflicto en regiones como Arauca y la subregión del Catatumbo.

El texto sostiene que el gobierno de Maduro ha impulsado enfrentamientos armados entre el ELN y las disidencias de las Farc, situación que mantiene a la población civil en estado de alerta permanente.

Según un oficial de inteligencia militar citado por el medio, “ambos grupos siguen reclutando a menores de edad, incluyendo adolescentes, y en muchos de los casos los envían hacia Venezuela para poder realizarles los entrenamientos militares y doctrinales de esa guerrilla. Entonces, es muy complejo porque a lo que pisan suelo venezolano quedamos invalidados para poder actuar”.

La dificultad para intervenir en suelo venezolano agrava aún más la situación para las fuerzas de seguridad colombianas, como lo expresó otra fuente consultada por el medio destacado: “Lo que ocurre en esa frontera es incontrolable porque nosotros, por informaciones de inteligencia, sabemos muchas cosas que van a pasar, pero el lío es que no podemos actuar muchas veces porque estos bandidos se encuentran del otro lado de la frontera”.

Esta imposibilidad de actuar en territorio venezolano permite a los grupos armados consolidar corredores de narcotráfico, el establecimiento de zonas seguras y la conducción de operaciones militares ilícitas a lo largo de la línea limítrofe, especialmente en los departamentos de Arauca y Norte de Santander.

El documento obtenido por Semana incluye detalles sobre la presunta vinculación de Hezbolá y altos mandos de Irán al entramado criminal, proporcionando apoyo financiero, logístico y “doctrinal” para el sostenimiento y expansión del ELN.

Según se lee, “se han documentado envíos de cocaína hacia Apure, redirigidos por redes vinculadas a Hezbolá hacia mercados externos”. La droga saldría presuntamente a través de canales marítimos oficiales venezolanos, apuntando hacia países de África y el Medio Oriente.

Además de la protección territorial para el ELN, la descomposición institucional en Venezuela ha permitido la penetración de redes criminales al aparato estatal, señala el informe: “Desde el colapso de la estructura de gobernanza en Venezuela en la década de 2010, el país ha experimentado un debilitamiento institucional severo, permitiendo que redes criminales se infiltren en las estructuras estatales”. Así, el ELN ejerce dominio en Apure, Táchira y Zulia, donde controla rutas de narcotráfico y ha instalado centros de entrenamiento y logística militar.

Según el informe citado, esta estructura de origen militar habría pasado de ser una red de tráfico de drogas a consolidarse como un actor criminal transnacional aliado del ELN.

En la lista de militares venezolanos señalados figuran el mayor general Javier Marcano Tábata, director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar desde octubre de 2024, identificado como el artífice del uso del ELN como “actor proxy” en la frontera colombo-venezolana.

El informe también menciona a los mayores generales:

Estas personas sería facilitadores de las operaciones del ELN en sus respectivas zonas. En la Guardia Nacional Bolivariana aparecen oficiales como el teniente coronel José Alejandro Román Solórzano, que habría autorizado el movimiento de armas y explosivos para el ELN, y el teniente coronel Bejasmin Antonio Pérez Varela, encargado de logística y reabastecimiento.

El informe examinado por Semana describe cómo la alianza transnacional se asienta en tres grandes ejes: el control del narcotráfico, la minería ilegal y el intercambio de información de inteligencia. De acuerdo a algunos consultados por el medio, no se descarta la posible complicidad de oficiales de las Fuerzas Militares de Colombia en la red de narcotráfico, aunque la información se trata actualmente con extrema precaución por su nivel de sensibilidad.

En cuanto a las rutas utilizadas, el informe señala: “Corredores desde Catatumbo (Norte de Santander) hasta Maracaibo (Venezuela) son usados para exportar cocaína. Redes vinculadas a Hezbolá coordinan rutas marítimas desde puertos venezolanos hacia África y el Medio Oriente”. La conexión permite además un desvío significativo de armamento y recursos bélicos.

El Arco Minero del Orinoco figura como otro centro de apoyo logístico, donde grupos militares venezolanos ofrecen respaldo al ELN. El acuerdo implicaría el intercambio de información sobre disidentes del chavismo con la Dirección General de Contrainteligencia Militar a cambio de protección y libre circulación para las operaciones criminales.

Los recursos no fluyen sólo en sentido local o regional. Parte de las utilidades generadas por el tráfico de drogas y actividades extractivas se canalizan hacia estructuras de Hezbolá en Líbano, Siria e Irán. Estas transferencias, recalca el informe, financian operaciones militares extranjeras, incluyendo adquisición de armas, entrenamiento y apoyo logístico.

Todo este entramado tiene repercusiones directas en la estabilidad de la región, enfatizando que no se trata únicamente de un conflicto interno colombiano, sino de una amenaza de alcance regional y global, considerando la involucración de actores como Hezbolá e Irán.

El nivel de alarma internacional por estos hallazgos contrasta con la respuesta de la comunidad global. En el informe citado por Semana, la agencia de inteligencia de Medio Oriente advierte que “la comunidad internacional no ha tomado las medidas necesarias para hacerles frente a estos hechos”.

Entre las recomendaciones enumeradas figuran “implementar sanciones internacionales dirigidas contra los oficiales identificados.

Fortalecer las capacidades de inteligencia en la frontera colombo-venezolana. Ampliar la cooperación con Brasil, Estados Unidos, Europa e Israel. Desarrollar estrategias interinstitucionales para el control territorial en Arauca y Catatumbo”.

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